Estafas desde la celda: allanaron el penal de Magdalena y la casa de un empleado del SPB

 En la ciudad de Magdalena, se concentró el lunes una serie de allanamientos simultáneos que sacudieron al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB): detectives de la Policía de la Provincia de Buenos Aires requisaron las Unidades 28 y 35 del complejo penitenciario local y el domicilio particular de un agente de ese organismo, sospechado de haber actuado en connivencia con un preso que operaba una red de estafas desde su celda.

El recluso en cuestión es Rubén Grasso, de 43 años, alojado en la Unidad 28 del SPB de Magdalena, donde cumple condena de prisión perpetua por los homicidios de Leonardo Fernández —conocido como el Mago Alex— y su novia, Jésica Cigola, cometidos en 2019. El mismo penal que lo contiene habría sido, según la hipótesis judicial, la plataforma desde la cual se organizaron y ejecutaron maniobras delictivas que tuvieron víctimas fuera de la provincia.

El agente sospechado: de encargado de pabellón a blanco de la investigación

El personal penitenciario apuntado por la Justicia fue identificado como R.C, con rango de sargento. Según fuentes judiciales, R.C fue encargado del pabellón donde Grasso estuvo alojado durante el período en que se habrían producido las estafas investigadas. Con posterioridad fue ascendido al cargo de jefe de depósito, dentro de la misma estructura del SPB en Magdalena.

La sospecha sobre el agente emergió a partir de un allanamiento realizado en marzo pasado en la celda de Grasso, cuando se le secuestró el teléfono celular con el que habría operado. En la agenda de contactos del dispositivo estaba registrado el número de R.C, identificado bajo el alias "Sobrino". Ese hallazgo fue el puntapié inicial para profundizar el rastreo del vínculo entre ambos.

Las pericias al teléfono secuestrado y a cuentas digitales asociadas revelaron un patrón que los investigadores apuntan como central: desde una cuenta de Mercado Libre a nombre de Grasso se realizaron una serie de compras, y los productos adquiridos habrían sido enviados al domicilio de R.C en Magdalena. Además, se detectaron presuntas transferencias de dinero desde la cuenta del recluso hacia la del agente penitenciario.

El fiscal interviniente solicitó el allanamiento del domicilio del sargento y del locker que le pertenecía dentro de la Unidad 28, apuntando específicamente a la obtención de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos que pudieran contener registros de comunicación.

"Los elementos reunidos permiten afirmar que la medida de intrusión solicitada resulta indispensable para obtener los elementos que confirmen o descarten la hipótesis que surge de la prueba ya reunida", sostuvo el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (Ufeic). El funcionario agregó que los dispositivos incautados permitirían "reconstruir el circuito delictivo investigado y precisar el rol que cada uno habría cumplido en su ejecución". La jueza de Garantías Andrea Rodríguez Mentasty hizo lugar a la solicitud.

La antena frente al penal: el rastro que delató el modus operandi

El allanamiento de la Unidad 35 del SPB, también en Magdalena, apuntó a un elemento técnico que, para los investigadores, resulta determinante: la totalidad de las comunicaciones vinculadas a las estafas fueron cursadas a través de la antena identificada como "Ruta 11 s/n Est Frente Penal Magdalena". Esa circunstancia indica, según el fiscal Ferrari, que las llamadas se realizaban desde dentro del establecimiento penitenciario con un dispositivo al que se le intercambiaban las tarjetas SIM para operar desde distintos números telefónicos y así dificultar el rastreo.

"De tal manera, utilizando las telefónicas mencionadas y a través de engaños, los aquí investigados comenzaron no sólo a pedir dinero a los contactos telefónicos de la víctima, sino también a llamarlos por teléfono para tratar de engañarlos del mismo modo y así poder captar más víctimas", explicó Ferrari al solicitar la intervención en esa unidad. El procedimiento fue autorizado por el juez de Garantías Nicolás Ceballos.

El caso que disparó la investigación y la hipótesis de una red más amplia

La causa se originó en una estafa vinculada al alquiler ficticio de un departamento en Mar del Plata, que perjudicó a un vecino de Vicente López. La operación fue atribuida a Grasso, quien la habría manejado íntegramente desde su celda en la Unidad 28. Hace dos meses, ese hallazgo derivó en el primer allanamiento de la celda del recluso.

Con el correr de la investigación, el foco se amplió. La Ufeic detectó un patrón replicable que sugiere la existencia de múltiples víctimas y posibles hechos similares aún no denunciados. La posible participación de personal del SPB —no solo como encubridores, sino como parte activa de la logística delictiva— se convirtió en la principal línea de trabajo.

"Conforme lo revela la experiencia y otros casos que se auditan desde este Ministerio Público Fiscal, era y es hipótesis de trabajo la multiplicidad de hechos del mismo calibre con la posible intervención de agentes estatales, a la sazón, miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense", afirmó Ferrari al justificar los allanamientos ante la Justicia.

La investigación continúa abierta. Los resultados de los procedimientos de este lunes en Magdalena serán determinantes para establecer la real dimensión de la red, el número de víctimas involucradas y el grado de responsabilidad penal de cada uno de los imputados.