La Unidad Penitenciaria de Magdalena, junto con el penal de Olmos, quedó señalada como uno de los puntos neurálgicos desde donde operaba una organización dedicada a la extorsión digital, cuya investigación derivó en la confirmación judicial de un régimen de detención de alto riesgo para cuatro de los procesados. La causa está directamente vinculada a las amenazas que recibió el soldado Rodrigo Gómez antes de quitarse la vida en la Quinta de Olivos.
La Cámara Federal de San Isidro confirmó el régimen de detención de alto riesgo para Tomás Matías Francavilla, Mauricio José Duarte Areco, Iara Ayelén Cosentino y Karen Yael Cufré, quienes continúan con prisión preventiva y fueron enviados a juicio como presuntos integrantes de la asociación ilícita. Según la investigación, la maniobra se coordinaba "desde una celda en Magdalena o Olmos, con un celular clandestino".
Detrás de los perfiles falsos utilizados para captar víctimas no existía ninguna joven real: se trataba del primer eslabón de una organización que operaba desde la cárcel de Magdalena y el penal de Olmos, con apoyo externo, cuentas bancarias a nombre de terceros y una estructura aceitada que replicaba el mismo mecanismo con distintas víctimas.
El esquema incluía colaboradoras externas, principalmente mujeres, que prestaban sus cuentas bancarias para recibir las transferencias y redistribuir los fondos obtenidos ilícitamente. Según la investigación más amplia del caso, en total fueron detenidas siete personas, entre ellas varios internos alojados en Magdalena y Olmos y al menos dos mujeres con roles logísticos. Entre los arrestados había quienes gestionaban los perfiles falsos, quienes se hacían pasar por policías y quienes administraban el dinero recaudado. (De ese universo de detenidos, cuatro fueron los procesados cuyo régimen de alto riesgo confirmó ahora la Cámara Federal.)
Los jueces Juan Pablo Salas y Marcelo Darío Fernández rechazaron los planteos de la defensa, que había cuestionado la constitucionalidad del régimen aplicado a los internos alojados en Magdalena y otras unidades. En su resolución, sostuvieron que la declaración de inconstitucionalidad "constituye un remedio excepcional" y concluyeron que tanto el Ministerio de Seguridad como el Servicio Penitenciario Federal actuaron dentro de sus atribuciones legales al clasificar a los internos según su nivel de peligrosidad.
Los camaristas remarcaron que el sistema no representa una sanción adicional, sino una herramienta para impedir que organizaciones criminales sigan delinquiendo desde el interior de las cárceles, como habría ocurrido en este caso desde Magdalena. Señalaron además que el régimen contempla evaluaciones individuales y permanece bajo control judicial.
En el caso de Cosentino y Cufré, la Cámara advirtió que el recurso de apelación había sido incorrectamente concedido, ya que ambas fueron incorporadas al programa de "Elevado Riesgo Comunitario" del Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza, un régimen distinto al que cuestionaba la defensa.
La causa se originó tras la muerte de Rodrigo Gómez, ocurrida el 16 de diciembre de 2025 en la Quinta Presidencial de Olivos. El joven, de 21 años, integrante del Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, fue hallado sin vida en una garita de custodia tras dispararse con su arma reglamentaria. Antes de morir, dejó una carta en la que explicó los motivos de su decisión.
A partir de ese documento, la investigación a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado permitió reconstruir la maniobra: desde una celda en Magdalena o con un celular clandestino, el grupo lograba instalar en la víctima la idea de que su vida estaba destruida. Todo comenzaba con perfiles falsos de mujeres en aplicaciones de citas —entre ellas Evermatch— que luego derivaban la conversación a WhatsApp.
Las víctimas recibían después un audio de una persona que se presentaba como la madre de una supuesta menor de edad y advertía sobre una posible denuncia penal. A continuación intervenía otra persona que se hacía pasar por integrante de la Policía de la Ciudad, usando la identidad de un efectivo real, y exigía transferencias de dinero "para evitar la denuncia y ayudar con la situación".
Para la fiscalía, Gómez fue la primera víctima identificada de la organización que operaba desde Magdalena y Olmos. El 15 de diciembre transfirió $1.413.000 a dos cuentas de Mercado Pago, las mismas que —según la causa— eran administradas por colaboradoras externas de la banda. La investigación acreditó además otros dos hechos: uno del 26 de diciembre, en el que un hombre transfirió $15.000, y un tercer caso en el que otra víctima depositó un total de $116.000 entre el 22 y el 28 de diciembre.
Además de la asociación ilícita agravada y la extorsión, el fiscal pidió que Francavilla y Duarte Areco —entre los detenidos vinculados a la operatoria desde Magdalena— sean juzgados también por la presunta instigación al suicidio de Rodrigo Gómez, delito previsto en el artículo 83 del Código Penal, con penas de entre uno y cuatro años de prisión. Para el resto de los acusados, requirió que enfrenten el juicio como miembros de la asociación ilícita agravada y coautores de los tres hechos de extorsión investigados hasta el momento.
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