La Corte Suprema confirmó la condena de 15 años para el ex jefe penitenciario por la Masacre de Magdalena

 La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la pena de 15 años de prisión para Raimundo Héctor Fernández, ex jefe de turno de la Unidad Penal 28 de Magdalena, condenado por el delito de abandono de persona seguido de muerte de los 33 internos que fallecieron durante el incendio del 15 de octubre de 2005.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el recurso de queja presentado por la defensa de Fernández por incumplimiento de las formalidades exigidas para la presentación de recursos ante el máximo tribunal nacional.

El motín y la tragedia del 15 de octubre de 2005

La noche de ese viernes, dos internos iniciaron una pelea en el pabellón 16 de la Unidad Penal Nº 28. Según denunciaron detenidos y familiares, el personal penitenciario intervino para reprimir la situación y se desató un incendio que se extendió con rapidez. Mientras algunos presos lograron salir, otros quedaron encerrados y murieron asfixiados por los gases tóxicos que generó la combustión de los colchones de poliuretano.

Un total de 33 personas murieron en el pabellón. La mayoría tenía menos de 26 años y estaba imputada por delitos contra la propiedad. Solo dos contaban con condena firme; los demás se encontraban procesados sin sentencia definitiva.

Funcionarios penitenciarios fueron acusados de haber cerrado la puerta de salida con candado, de no haber prestado auxilio y de que los mecanismos contra incendios no estaban operativos. En ese contexto, Fernández era, según la acusación, la máxima autoridad operativa en el penal al momento del siniestro.

Las instancias judiciales

En 2018, un Tribunal Oral de La Plata condenó a Fernández a 25 años de prisión e inhabilitación especial por diez años para ejercer cargos públicos, por considerarlo coautor del homicidio simple de las 33 víctimas en concurso ideal con tentativa de homicidio.

Sin embargo, el Tribunal de Casación bonaerense revocó esa decisión: recalificó los hechos como "abandono de persona seguido de muerte" y redujo la pena a 15 años. La defensa de Fernández apeló ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, donde argumentó que los medios para combatir el fuego eran insuficientes, que él no estaba capacitado para esa tarea y que la tragedia ocurrió en el contexto de un motín. Sostuvo también que su función era la de un jefe de turno que aguardaba la llegada de superiores y que, una vez declarado el incendio, el escaso oxígeno lo obligó a ordenar el repliegue del personal.

El máximo tribunal provincial desestimó los planteos. La defensa recurrió entonces en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que rechazó el recurso por incumplimiento de requisitos formales, dejando así firme la condena a 15 años de prisión.

A casi 21 años de la masacre, organismos de Derechos Humanos continúan señalando que muchas de las problemáticas que hicieron posible aquella tragedia persisten en distintos establecimientos carcelarios de la provincia de Buenos Aires. La sobrepoblación, el hacinamiento, las falencias edilicias y las denuncias por malos tratos siguen siendo objeto de preocupación para especialistas y entidades dedicadas al monitoreo de los lugares de encierro.

Con el fallo de la Corte Suprema, uno de los capítulos judiciales más extensos y emblemáticos vinculados a la violencia institucional en Argentina quedó definitivamente cerrado, aunque el caso continúa siendo un símbolo de las deudas pendientes en materia de condiciones de detención y respeto por los Derechos Humanos dentro del sistema penitenciario.