Formar para quedarse, o formar para que se vayan

Por Cristian Ferreyra

El informe "Juventudes y arraigo" relevó a chicos de Coronel Suárez, General Paz, Leandro N. Alem, Ramallo y Tapalqué. No es un dato de laboratorio: es la fotografía de una provincia que sigue expulsando a su juventud hacia los mismos cuatro o cinco destinos de siempre —Buenos Aires, La Plata, Bahía Blanca, Rosario— mientras el interior profundo se vacía de la gente que más necesita para crecer.

Magdalena viene haciendo la tarea, y vale decir de dónde viene esa tarea. Durante los últimos 12 años, la gestión radical —impulsada también por movimientos estudiantiles que empujaron el cambio— sostuvo la idea de que invertir en formación es crecimiento a largo plazo. El giro no fue menor: se dejó atrás la lógica de la dádiva, del cheque que se entregaba sin transformar nada de fondo, para formalizar una política pública concreta y sostenida. El boleto estudiantil gratuito es, en ese sentido, la única política pública de este tipo en los últimos 20 años en Magdalena: una respuesta a un reclamo que el pueblo venía haciendo desde hacía tiempo.

Boleto estudiantil, acercamiento de carreras universitarias, un polo universitario que se pretende consolidar en la ciudad cabecera. Son políticas que, si el diagnóstico provincial es correcto, atacan exactamente la causa que el propio Ministerio identifica: la falta de oferta educativa cerca de casa como motor de la migración. Hasta ahí, aplausos.

Pero el mismo estudio que celebra este tipo de herramientas también expone su límite. Solo el 35% de los jóvenes bonaerenses cree que puede conseguir trabajo en su localidad, aunque le lleve tiempo. Casi dos de cada diez directamente no lo creen posible. Y acá es donde la ecuación se rompe, en Magdalena y en toda la provincia: de nada sirve retener a un joven en la universidad si después no hay un empleo esperándolo en su propio pueblo.

Los estados municipales absorbieron durante años buena parte de esos profesionales. Es una solución de emergencia, no una política de desarrollo. Un distrito que depende del empleo público para retener a sus graduados no está resolviendo el problema del arraigo: lo está posponiendo, y lo está pagando con recursos que podrían ir a otro lado. El verdadero desafío —el que todavía no se resolvió ni en Magdalena ni en gran parte del resto de la provincia— es que el sector privado ocupe ese lugar. El parque industrial aparece como la apuesta declarada en la actualidad, pero una apuesta en desarrollo no es una apuesta ganada.

Y detrás de todo esto hay una variable que ningún boleto estudiantil resuelve: la vivienda. Se puede formar a un joven, se le puede dar trabajo, pero si no puede proyectar un techo propio, el arraigo sigue siendo una palabra de discurso institucional. En Magdalena existe una herramienta pensada para esto —los lotes con servicios—, que efectivamente facilita el acceso a la tierra. Pero acceder al lote es solo el primer paso: después está el costo de construir, que es una etapa completamente distinta y que no todos pueden afrontar. Y ahí aparece la pregunta que falta hacerse: ¿qué sector socioeconómico es, en los hechos, el que logra completar ese camino, del lote a la vivienda construida? Si la respuesta es que solo una franja puede hacerlo, la herramienta resuelve el acceso a la tierra pero no resuelve el arraigo para todos por igual. El estudio provincial lo dice sin vueltas: decidir dónde vivir está atado a dónde se puede estudiar, trabajar y sostener autonomía. Falta cualquiera de las tres patas, y el resto se derrumba.

La provincia acaba de mostrar, con números, algo que el interior bonaerense sabe hace tiempo: no alcanza con que los jóvenes se queden a estudiar si después no tienen adónde ir a trabajar ni dónde vivir. Magdalena avanzó en la primera parte, con una decisión política que tuvo nombre y apellido partidario. La segunda —la que de verdad mide si un distrito tiene futuro o no— todavía está por verse.