El Concejo Deliberante de Magdalena aprobó por unanimidad el Registro Voluntario de Cámaras de Seguridad

 La iniciativa fue presentada por el concejal César Fulgione, del interbloque de Fuerza Patria.

La ordenanza establece un mecanismo gratuito y voluntario al que podrán sumarse vecinos, instituciones intermedias y empresas privadas que cuenten con sistemas de videovigilancia, con el objetivo de que el municipio disponga de información centralizada sobre los dispositivos instalados en el distrito.

Durante el debate, Fulgione explicó: "Este proyecto es la creación de una ordenanza, un registro municipal de cámaras de seguridad, que es voluntario, que es gratuito y que invita a toda la comunidad de Magdalena, de todo el distrito, a instituciones intermedias, empresas privadas, a ser parte del registro". El concejal remarcó que la herramienta busca agilizar la respuesta municipal ante distintos hechos, ya que actualmente, cuando un vecino se acerca por una situación puntual, el municipio debe relevar en el momento si la cámara cuenta con grabación y por cuánto tiempo.

El edil también aclaró un punto sensible del proyecto: "No es que el municipio va a mirar todo el tiempo lo que tiene instalado en su puerta, sino que en caso de necesidad el municipio va a solicitar las imágenes en el caso que el municipio lo necesite". En ese sentido, señaló que el registro también servirá para generar estadísticas sobre la cantidad y distribución de cámaras en Magdalena.

Fulgione mencionó además una problemática recurrente relevada junto al director de Inspección Municipal: los conflictos entre vecinos por cámaras orientadas hacia propiedades linderas. Por eso, sostuvo que "resulta necesario promover pautas orientativas respecto de la instalación y la utilización de cámaras privadas a fin de evitar afectaciones arbitrarias a la intimidad, privacidad y derecho de terceros", y pidió que el Departamento Ejecutivo lleve adelante una campaña de difusión y concientización sobre la norma.

Por su parte, el concejal Martin Raffo adelantó el acompañamiento a la iniciativa: "Nosotros vamos a acompañar porque entendemos que es una herramienta que sabemos que en seguridad no hay nada que resuelva de manera absolutamente todos los problemas, sino que son todas sumatorias de acciones que favorecen que tengamos una comunidad más segura". El edil aclaró que la adhesión al registro es voluntaria por parte del vecino, y que el mecanismo convive con la vía judicial existente para casos de delitos graves.

Raffo también planteó una advertencia sobre la estrategia de comunicación: "Hay que ser muy cuidadosos en este proceso porque justamente acá lo que tenemos que fomentar es que el vecino sienta seguridad en brindar esa información". Citó como referencia el programa "Ojos en Alerta", impulsado originalmente por otro municipio de la provincia, que se basa en capacitación presencial a los vecinos para generar confianza en el sistema, y propuso adoptar un esquema similar en la reglamentación.

Qué establece la ordenanza

El texto aprobado fija que la inscripción en el registro no implicará acceso remoto, monitoreo permanente, control, administración ni manipulación de las cámaras por parte del municipio. La Autoridad de Aplicación, que será definida por el Departamento Ejecutivo a través del área de seguridad ciudadana, podrá relevar exclusivamente:

• Datos del titular (nombre, apellido y dirección)

• Ubicación de las cámaras

• Cantidad y especificaciones técnicas

• Orientación aproximada

• Existencia de sistema de grabación y tiempo estimado de conservación de imágenes

• Número de identificación

Las imágenes seguirán siendo de exclusiva propiedad de sus titulares, y solo podrán ser requeridas ante investigaciones judiciales, actuaciones policiales o requerimientos fundados por autoridad competente. La ordenanza establece también que la información incorporada al registro tendrá carácter confidencial, en concordancia con la Ley Nacional N° 25.326 de Protección de Datos Personales.

Asimismo, el Departamento Ejecutivo queda facultado a celebrar convenios de cooperación con organismos judiciales y fuerzas de seguridad, y a reglamentar la ordenanza para su implementación.