La investigación está a cargo del fiscal Álvaro Garganta. La denuncia fue presentada por la Comisión Provincial por la Memoria en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. Se ordenó la remoción de toda la cúpula de la UP 51 para garantizar el trabajo del fiscal, con un sumario a cargo del área de Asuntos Internos.
El fiscal Álvaro Garganta, con sede en La Plata, investiga una denuncia de extrema gravedad presentada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) contra agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense: cuatro mujeres detenidas en la Unidad Penitenciaria N°51 de Magdalena habrían sido víctimas de torturas, malos tratos y abusos sexuales perpetrados por penitenciarios, incluyendo a las propias autoridades del establecimiento.
Los episodios ocurrieron el miércoles 3 de junio, en coincidencia con las movilizaciones del movimiento "Ni Una Menos" que se desarrollaban en todo el país. Según la denuncia de la CPM —a la que este medio accedió en forma completa—, ese día las cuatro internas fueron sometidas a golpizas, gas pimienta aplicado a corta distancia sobre el rostro, submarino húmedo y abusos sexuales.
Dos de las víctimas compartían celda con otras ocho mujeres en un pabellón de la planta alta del penal cuando estalló una pelea. Ambas aseguran no haber participado en el conflicto, pero igualmente recibieron gas pimienta en la cara cuando el personal penitenciario ingresó para intervenir. La jefa del penal estaba, según la presentación, "a cargo del operativo".
Al ser conducidas a sus celdas, el personal de seguridad les exigió que se sometieran a una evaluación "psicofísica" que incluyó quitarse la ropa y levantar el corpiño, todo frente a personal masculino. Mientras tanto, la jefa del penal les endilgaba la responsabilidad por los incidentes.
El ensañamiento fue particularmente brutal con una de las detenidas. De acuerdo con el informe de la CPM, "le arrojaron gas pimienta directamente en la cara a una distancia mínima y la hicieron arrodillarse frente a la bacha e inodoro". En esa posición, escuchó cómo los presentes le preguntaban a una enfermera si podía certificar que la interna no tenía golpes. La revisión médica posterior, realizada en el marco de la investigación, demostró lo contrario.
Fue en ese momento cuando la jefa del penal comenzó a repetirle a la víctima una orden: "Besame las botas". Ante la negativa de la detenida, los golpes continuaron. Luego vino el submarino húmedo: su cabeza fue hundida en agua de forma reiterada. La orden no cesaba.
La situación escaló a niveles aún más graves. Según la denuncia, "con la escopeta, uno de los masculinos la golpeaba en la cabeza, la espalda y se la apoyó sobre los glúteos al mismo tiempo que se reían entre todos" mientras le decían frases de contenido sexual. Estando aún arrodillada, y ante una nueva negativa a obedecer la orden, le rompieron la ropa interior y comenzaron a introducirle la mano en su vagina.
Antes de que terminara el episodio, la directora le advirtió: "No te vas a ir de traslado, te voy a verduguear todos los días, no vas a comer, ni a bañarte te voy a sacar".
La víctima preservó su bombacha rota y las toallas íntimas con las que contuvo su sangrado. En sus propias palabras: "Hasta una golpiza me banco porque soy presa, pero me ultrajaron, me humillaron. Yo no quiero vivir más, no quiero estar más acá".
El fiscal Garganta, uno de los magistrados con mayor trayectoria en la provincia, avanza en la toma de testimonios. Fuentes oficiales indicaron que la denuncia le resulta "totalmente creíble", aunque la investigación enfrenta un obstáculo habitual en este tipo de casos: la reticencia a declarar, tanto por parte de internos como de agentes del propio Servicio.
El Ministerio de Justicia bonaerense, a cargo de Juan Martín Mena, intervino de manera directa. El ministro consideró los relatos —calificados como sumamente detallados— como verosímiles y veraces, y dispuso la disponibilidad preventiva de los penitenciarios involucrados. Además, ordenó la remoción de toda la cúpula de la UP 51 para garantizar el trabajo del fiscal, con un sumario a cargo del área de Asuntos Internos.
El juez de Ejecución de La Plata, José Villafañe, también se constituyó en la unidad y entrevistó personalmente a las detenidas. Las autoridades del Servicio Penitenciario y la Auditoría de Asuntos Internos desafectaron a los agentes denunciados y continúan investigando las responsabilidades del personal del GIE (Grupo de Intervención Especial), que actuó con el rostro cubierto.
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